El juez federal del estado de Massachusetts Brian E. Murphy dictaminó que la política de Estados Unidos de enviar inmigrantes a terceros países sin vínculos es ilegal. El fallo protege a quienes enfrentan deportaciones rápidas sin oportunidad de objetar el destino impuesto por el Gobierno de Donald Trump, que enfrenta un nuevo laberinto legal que divide opiniones.
En un contexto en el que muchos mexicanos y latinoamericanos en general buscan obtener su visa para ingresar legalmente a Estados Unidos, esta medida genera repercusión.
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El fallo que detiene las deportaciones de inmigrantes a países desconocidos
La justicia federal determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no puede enviar a inmigrantes a naciones con las que no tienen lazos sin un aviso previo. El juez Brian E. Murphy anuló esta práctica por violar el debido proceso y extinguir el derecho de los afectados a impugnar su expulsión.
La resolución judicial establece nuevas protecciones inmediatas para los procesos migratorios:
- Notificación obligatoria: El Gobierno debe informar con antelación el país exacto de destino.
- Derecho de objeción: Los migrantes pueden presentar argumentos legales para rechazar el traslado a una tercera nación.
- Prioridad de destino: La autoridad debe intentar primero la deportación al país de origen o al elegido por el individuo.
Esta decisión suspende temporalmente la potestad unilateral de las autoridades estadounidenses para elegir rutas de expulsión alternativas.
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¿Qué pasará con los procesos de deportación actuales en Estados Unidos?
Aunque el fallo declara la política como ilegal, el magistrado concedió una suspensión de 15 días para que el Gobierno presente su apelación. Durante este periodo, la administración de Donald Trump buscará revertir la orden ante instancias superiores, alegando que posee la facultad constitucional de expulsar a extranjeros a cualquier país que acepte recibirlos.
Estos son los puntos clave que el juez Murphy resaltó en su sentencia:
- Violaciones previas: El tribunal señaló que el Gobierno deportó a personas a El Salvador y México ignorando órdenes judiciales anteriores.
- Ocultamiento de datos: El juez acusó a los funcionarios de esconder el país de destino para evitar que los abogados presenten amparos.
- Riesgo de tortura: La política afectaba incluso a personas con protecciones vigentes que temían persecución en el extranjero.
El Departamento de Seguridad Nacional ya confirmó que llevará el caso nuevamente ante la Corte Suprema para intentar validar las "deportaciones rápidas".
Ruben Torres Maldanado is a criminal illegal alien from Mexico. During his arrest, he tried to recklessly evade arrest and HIT a government vehicle.
— Homeland Security (@DHSgov) March 3, 2026
He has a criminal history of habitual driving offenses including multiple arrests for driving without insurance, driving without a… pic.twitter.com/2RD1ZwTcKK
El impacto para quienes tienen órdenes finales de expulsión
Este dictamen cambia la dinámica para quienes ya cuentan con una orden de salida, pues impide que sean subidos a vuelos con destinos inciertos, como ocurrió recientemente con traslados hacia Sudán del Sur. La nueva normativa obliga al DHS a escuchar las reclamaciones específicas por país antes de ejecutar cualquier movimiento.
Los grupos de defensa legal ahora cuentan con este recurso para frenar traslados injustificados:
- Exigencia de información: El afectado tiene derecho a conocer a dónde lo envían.
- Debido proceso: Ninguna persona puede ser privada de su libertad o propiedad sin seguir las leyes vigentes.
- Transparencia: El fallo busca terminar con los acuerdos bilaterales secretos que facilitaban estos traslados.
Trump busca mantener un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos
Cabe destacar que en junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos había revocado un bloqueo similar. Esto lo que permitía era que el Gobierno de USA utilizara "terceros países" para deportar a quienes sus naciones de origen se niegan a recibir.
"Durante años, jueces activistas han utilizado el poder judicial federal para proteger a inmigrantes indocumentados de las deportaciones, simplemente porque estos podían presentar falsas acusaciones de persecución —a menudo con guiones proporcionados por ONG que defienden las fronteras abiertas— incluso cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración dictaminó que tales temores no eran creíbles. La administración Trump continuará con su misión de deportar a inmigrantes indocumentados y mantener la seguridad en Estados Unidos", publicó la cuenta del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos en X.
This is a win for the American people, the rule of law, and common sense.
— Homeland Security (@DHSgov) March 4, 2026
For years, activist judges have used the federal judiciary to shield illegal aliens from deportations, simply because those illegal aliens could make false persecution claims—often from scripts provided… https://t.co/za4ZQlDElA
Luego de que el juez Murphy detectara más irregularidades este 2026, ahora este nuevo laberinto legal obliga al Departamento de Justicia a presentar una nueva apelación ante el máximo tribunal para intentar disolver este obstáculo.
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