Sentencia Genaro García Luna: Corte de EUA ordena a exfuncionario y a su esposa pagar millones de dólares
La sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh, de la corte del condado de Miami (Florida), luego de que el gobierno mexicano interpusiera una demanda contra el exfuncionario.
Una corte estadounidense dictó sentencia final contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna , y su esposa, Linda Cristina Pereyra, quienes deberán pagar en conjunto 2.488 millones de dólares al gobierno mexicano por su participación en una red de sobornos en licitaciones públicas.
En un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México detalló que la sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh, de la corte del condado de Miami (Florida) luego de que el gobierno mexicano interpusiera una demanda contra el exfuncionario, quien está preso en Estados Unidos tras ser condenado por tráfico de drogas, lavado de dinero, conspiración y enriquecimiento ilícito.
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¿Cuánto dinero tiene que pagar García Luna al gobierno de México?
Según la información, García Luna , quien fue jefe de seguridad en el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), deberá pagar al Estado mexicano 748.829.676 dólares americanos.
Mientras que su esposa, Linda Cristina, deberá cubrir el monto de poco más de 1.740 millones de dólares, al determinarse que desempeñó un papel fundamental el esquema de transferencia y ocultamiento de activos.
El pago será en remediación a las afectaciones generadas al erario.
De acuerdo con la Ley de Florida, la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno de México los demandó originalmente
-señaló la UIF.
Sin embargo, precisó que de las resoluciones de culpabilidad citadas, ya fue ejecutada una respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, de lo que derivó una recuperación de activos que asciende a poco más de 1,97 millones de dólares.
Adicionalmente, como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, ya se obtuvo una recuperación adicional de 275.000 dólares norteamericanos
-indicó.
La sentencia, abundó, es consecuente con siete resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus cinco empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio.
La sentencia llega después de que el gobierno de México solicitará hace un par de semanas a las autoridades estadounidenses la extradición de García Luna.
Un jurado en Nueva York declaró culpable el 21 de febrero de 2023 a García Luna de cinco delitos relacionados con el narcotráfico y de mentir en su solicitud de ciudadanía estadounidense, por lo que cumple una condena de 39 años de prisión.
¿De qué se acusa a la esposa de Genaro García Luna y por qué es prófuga de la justicia?
Genaro García Luna fue sentenciado por lavado de dinero, pero su esposa Linda Cristina Pereyra también tienen acusaciones en su contra.
García Luna, de 56 años, fue arrestado en Dallas en 2019 y en febrero de 2023 lo declararon culpable de cinco delitos de tráfico de cocaína, relación con una empresa criminal (el Cartel de Sinaloa) y falso testimonio tras un juicio con jurado.
García Luna fue el máximo responsable de la seguridad pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón, época en la que lideró la estrategia de la conocida como “guerra contra las drogas”.
Más acusaciones contra García Luna
Además de las condenas por proteger al cártel de Sinaloa y el caso de lavado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el exfuncionario debe enfrentar otras acusaciones en México.
Entre ellas está su participación en el caso “Rápido y Furioso” , un fallido operativo realizado entre 2006 y 2011 en el que ingresaron a México más de 2 mil armas largas desde Estados Unidos con el objetivo de conocer la ruta que seguían hasta las organizaciones criminales.
Las autoridades perdieron el rastro de las armas y algunas fueron halladas en escenas de crímenes.
Además, el gobierno mexicano sostiene que García Luna debe afrontar “su involucramiento en una asociación delictuosa” para la privatización de cárceles federales y por contratos entregados de manera irregular para el equipamiento de penitenciarías.
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