La reforma a la Ley de Amparo finalmente logró la aprobación total en el Senado de la República el 15 de octubre, luego de intensas negociaciones que matizaron la cláusula de retroactividad. Su objetivo, según la presidenta Claudia Sheinbaum, es garantizar que el sistema judicial “ya no propicie las condiciones para que un deudor de impuestos pueda utilizar estos recursos legales indefinidamente”.

La ley ha sido criticada por la oposición y juristas, quienes la ven como un debilitamiento de un mecanismo clave para la protección de los derechos y la limitación del poder de las autoridades. No obstante, la mayoría oficialista ha impuesto la medida, enfatizando que busca acelerar los procesos judiciales y evitar que los grandes capitales retrasen el pago de impuestos mediante maniobras legales.

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