La Revocación de Mandato se mantiene como una de las principales iniciativas de la coalición gobernante, pese a la severa crítica política y social. El problema de fondo no es la herramienta democrática en sí, sino el momento y la intención de su aplicación: subvertir el juego democrático para forzar a la presidenta a entrar en una campaña permanente a mitad de su sexenio, distrayendo la atención y los recursos de las crisis reales que enfrenta el país (seguridad, economía, adeudos).

Aunque el Ejecutivo ha tenido que diferir la discusión de la reforma ante el rechazo legislativo inicial, la intención de incluirla en las elecciones intermedias sigue latente. Esta persistencia solo refuerza la percepción de que la prioridad es la zozobra institucional y la propaganda, en lugar de la gobernanza efectiva.

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El contexto político y el rechazo a la “campaña continua”

La propuesta busca modificar el calendario y las reglas de la Revocación de Mandato, institución que permite a los ciudadanos decidir si el titular del Poder Ejecutivo debe concluir su periodo. Originalmente diseñada para ser aplicada al promediar la mitad del sexenio, la iniciativa impulsada por el oficialismo pretendía empalmar el ejercicio con las elecciones intermedias para maximizar la participación y movilizar su base.

Esta propuesta ha encontrado una fuerte resistencia, especialmente de la oposición y de analistas, quienes argumentan que la medida es una “distracción costosa”. La principal crítica es que viola el principio de periodicidad y definitividad del mandato, condenando a la jefa del Estado a dedicarse a la “campaña permanente” en lugar de enfocarse en las crisis urgentes, como la economía estancada y el avance del crimen organizado. El hecho de que el gobierno haya tenido que posponer su votación en el Congreso demuestra que la iniciativa carece del consenso social y político necesario.

Las implicaciones legales y la persistencia de la iniciativa

Más allá de la crítica política, la reforma enfrenta serias objeciones constitucionales. Expertos en derecho electoral señalan que alterar el periodo establecido para la Revocación de Mandato representa una subversión del juego democrático. El ejercicio, según su diseño original, ya ha demostrado ser una herramienta costosa y poco efectiva para la gobernanza.

Sin embargo, el oficialismo insiste en que la medida tiene como objetivo fortalecer la rendición de cuentas y dar poder al pueblo. Pese a la crítica, la coalición gobernante, que considera este mecanismo como una extensión de su ideología de democracia directa, ha manifestado que la iniciativa no está congelada y será retomada en el momento que consideren políticamente oportuno. La presión para que el gobierno “invierta las prioridades” y congele el tema sigue siendo el principal reclamo de la ciudadanía, que ve en esta discusión una peligrosa desviación de los problemas reales.

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