La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva carpeta de investigación por presuntas irregularidades y actos de corrupción en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en un caso que ahora involucra directamente a su director general, Arturo Reyes Sandoval —designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)—, así como al exsecretario de Administración, Javier Tapia Santoyo, quien ya enfrenta un proceso judicial.

De acuerdo con autoridades federales, la indagatoria se originó tras una denuncia presentada por integrantes de la Fundación Politécnico, quienes acusaron la creación de una asociación civil que habría desviado recursos provenientes de estudiantes.

Denuncian a director general del IPN por corrupción

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Denuncian creación de asociación para captar cuotas de estudiantes

Según la investigación, con la autorización del director del IPN se constituyó la asociación civil “Patronato Corazón Guinda y Blanco”, la cual desde el año pasado habría comenzado a recibir pagos por concepto de cuotas y otros ingresos aportados por la comunidad estudiantil.

Se estima que esta organización podría estar captando al menos 12 millones de pesos mensuales. Hasta antes de estos cambios, dichos recursos eran canalizados a la Fundación Politécnico, una entidad sin fines de lucro que destinaba el dinero a becas y proyectos académicos.

Sin embargo, la denuncia sostiene que el nuevo esquema implicó redirigir los fondos a una asociación presuntamente operada por personas cercanas a los directivos señalados, lo que habría generado opacidad en el manejo de los recursos.

Además, se detectó que dicha asociación no aparece en el padrón de donatarias autorizadas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a diferencia de la Fundación Politécnico, lo que ha levantado sospechas sobre su legalidad y funcionamiento.

Posibles delitos: peculado, tráfico de influencias y uso indebido de funciones

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, investiga la posible comisión de delitos como peculado, uso ilícito de atribuciones y tráfico de influencias.

Como parte de las diligencias, también se analizan movimientos internos dentro de la asociación que podrían haber buscado ocultar vínculos entre sus integrantes y funcionarios del IPN.

Este caso se suma a otras indagatorias relacionadas con presuntos malos manejos dentro del instituto, varias de ellas vinculadas a Javier Tapia Santoyo, quien fue designado en 2019 y cesado en 2025 por instrucciones de autoridades anticorrupción.

Antecedentes: contratos irregulares y empresas fantasma

Entre las investigaciones en curso destacan posibles irregularidades en la contratación de servicios, como empresas de limpieza asignadas sin procesos de licitación pública, lo que apunta a un presunto esquema de tráfico de influencias.

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