Comité alerta a la ONU por crisis de desapariciones en México; podrían constituir crímenes de lesa humanidad

Las desapariciones forzadas en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, advirtió el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), al señalar que existen indicios fundados de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones del país.

Bajo este argumento, el organismo solicitó al Secretariado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que remita de manera urgente el caso mexicano a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de que se analicen medidas internacionales de apoyo para enfrentar esta crisis.

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El Comité aclaró que no encontró pruebas de una política deliberada a nivel federal para cometer desapariciones forzadas; sin embargo, subrayó que el derecho internacional no exige que estos delitos sean ordenados desde las más altas esferas del poder para ser considerados de lesa humanidad.

“El patrón, la magnitud y el hecho de que se dirijan contra la población civil son los elementos clave”, explicó Juan Albán-Alencastro, presidente del organismo.

Asimismo, el informe reconoce que muchas desapariciones están vinculadas a grupos delictivos, en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”, aunque en algunos casos existen indicios de participación directa de funcionarios públicos o de su consentimiento.

De acuerdo con la ONU, los crímenes de lesa humanidad son actos graves que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque, esto basado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Para que un hecho sea considerado crimen de lesa humanidad, debe cumplir con:

• Ser parte de un ataque amplio (generalizado) o organizado (sistemático)
• Estar dirigido contra población civil
• Existir conocimiento del contexto por parte de quien lo comete
• No requiere que ocurra en guerra, puede darse en tiempos de paz

Entre los actos que pueden constituir este delito se encuentran:

• Asesinato
• Exterminio
• Esclavitud
• Deportación o desplazamiento forzado
• Encarcelación ilegal
• Tortura
• Violación y otros actos de violencia sexual
• Persecución por motivos políticos, religiosos o étnicos
• Desaparición forzada de personas
• Apartheid

La dimensión del problema sigue siendo alarmante. El Comité documentó el hallazgo de más de cuatro mil 500 fosas clandestinas en el país, con más de seis mil 200 cuerpos y miles de restos humanos adicionales, muchos sin identificar.

A esto se suma que el registro oficial de personas desaparecidas no permite distinguir con precisión cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas, lo que complica el diagnóstico real de la crisis.

Pese a las acciones implementadas desde la visita del Comité en 2021, la situación no ha mostrado mejoras sustanciales y las autoridades continúan rebasadas.

Ante este panorama, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada activó el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención, con el fin de movilizar cooperación internacional.

Entre las medidas planteadas destacan asistencia técnica, apoyo financiero y fortalecimiento de capacidades en búsqueda, análisis forense e investigación, así como la creación de mecanismos eficaces para garantizar verdad y justicia a las víctimas.

La solicitud fue enviada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, quien deberá turnarla a la Asamblea General para su evaluación.

El Comité reiteró que este procedimiento tiene un carácter preventivo y busca reforzar la respuesta del Estado mexicano ante una de las crisis de derechos humanos más graves en el país.

Horas más tarde, el Gobierno de México rechazó el informe del Comité de la ONU al considerarlo tendencioso y desactualizado, al no incorporar información reciente ni avances institucionales.

Por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que el documento se basa en hechos de 2009 a 2017 y no refleja la realidad actual, además de que el propio Comité reconoce que no hay una política federal de desapariciones; asimismo, defendió las reformas implementadas desde 2019 y 2025, así como nuevas herramientas de búsqueda e investigación.

México reiteró su cooperación internacional, pero rechazó conclusiones que, asegura, no corresponden al contexto vigente, reafirmando su compromiso con la verdad, justicia y atención a víctimas.

Las cifras de desapariciones en México difieren entre la postura oficial y la de la ONU. El Gobierno mexicano, mediante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció a finales de marzo de 2026 más de 132 mil 534 personas desaparecidas desde 2006, pero sostiene que una parte importante de los registros presenta inconsistencias: alrededor del 31% muestra actividad posterior —lo que sugiere que podrían estar con vida— y 36% carece de datos suficientes para investigar.

En contraste, la ONU advierte que el registro no refleja la magnitud real del problema, señala subregistro, miles de restos sin identificar y patrones sistemáticos de desaparición, por lo que considera que la crisis podría ser más grave de lo que indican las cifras oficiales.

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