Libertad de prensa en riesgo por la Ley Censura en Puebla, advierte SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por una reciente reforma al Código Penal del estado de Puebla, que crea el delito de “ciberasedio” lo que muchos calificaron como Ley Censura.

Aunque presentada como una herramienta para combatir el hostigamiento en línea, la iniciativa ha despertado alarmas entre periodistas y defensores de derechos digitales por su potencial para limitar la libertad de expresión en México.

La ley , ya publicada en el Periódico Oficial del Estado, permite que cualquier persona solicite la eliminación de contenido digital sin necesidad de orden judicial o revisión independiente.

Para la SIP y otras voces críticas, esta facilidad podría traducirse en un mecanismo de censura disfrazado de protección a la integridad personal.

De acuerdo con el texto que se publicó, la reforma castiga con hasta tres años de prisión a quien, por medios digitales, “insulte, injurie, ofenda, agravie o vejé” de forma insistente a otra persona.

Según algunos expertos, los términos jurídicos utilizados son tan vagos que permitirían penalizar desde difamación hasta denuncias legítimas o reportajes críticos.

“Esta vaguedad, según los críticos, abriría la puerta a eliminar contenidos no por su falsedad, sino por presiones de actores con poder o intereses”, se pudo leer en el comunicado que se emitió este martes 17 de junio.

Además, se faculta a plataformas y empresas digitales a bajar contenidos con una simple solicitud, sin intervención de jueces. Esto podría afectar testimonios ciudadanos, investigaciones periodísticas o publicaciones incómodas para actores con poder, generando un entorno de autocensura.

Tras la publicación de la reforma, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta , convocó foros de análisis; sin embargo, la presidenta del Congreso local, Olga Lucía Romero, afirmó que la ley se mantiene vigente, pese a las críticas.

La SIP, a través de su presidente José Roberto Dutriz, advirtió que “lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir”.

Por su parte, Martha Ramos, de la Organización Editorial Mexicana, alertó que la ley puede “institucionalizar la censura por encargo”.

La Declaración de Salta II (2024) recuerda que cualquier restricción al derecho a informar debe ser legal, revisada judicialmente y compatible con los derechos humanos. La reforma poblana, señalan expertos, rompe con estos principios.

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