El “nuevo desafuero”: la 4T repite la historia con Salinas Pliego
Salvador García Soto advierte que la ofensiva del gobierno federal contra el empresario no es un asunto jurídico, sino una estrategia política: una repetición del viejo guion del desafuero de 2005.
A dos décadas del intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, Salvador García Soto señala que la historia parece repetirse, solo que ahora el papel del perseguido lo ocupa Ricardo Salinas Pliego. En su texto, el periodista plantea que, detrás del argumento fiscal, se esconde un claro objetivo político: frenar una posible aspiración presidencial del dueño de Grupo Salinas.
El déjà vu político del desafuero
García Soto compara los discursos de entonces con los de ahora. En 2005, el gobierno de Vicente Fox insistía en que el desafuero de López Obrador era “un asunto técnico y jurídico”; hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo repiten las mismas frases para justificar el caso contra el empresario. “Nada ni nadie por encima de la ley”, dicen, mientras desde Palacio Nacional se multiplican las referencias al tema: más de 230 menciones a Salinas Pliego en conferencias matutinas de AMLO y de Sheinbaum.
García Soto recuerda cómo en 2005 el vocero Rubén Aguilar trataba de disfrazar la presión política sobre el Poder Judicial; ahora, la Procuradora Fiscal Grisel Galeano hace lo mismo al negar derechos de audiencia y esperar la resolución de la Suprema Corte, bajo evidente presión del Ejecutivo.
Un nuevo instrumento de presión política
El autor subraya que, como en aquel episodio de hace 20 años, el discurso de legalidad encubre un uso político del aparato judicial. García Soto denuncia que la 4T controla y dicta línea al Poder Judicial, y que el caso contra el empresario es parte de una “cacería” para disciplinar o descarrilar proyectos políticos fuera del círculo oficial.
Al citar a la presidenta Sheinbaum —“tiene que pagar y la Corte va a tomar su decisión”—, el periodista deja claro que la presión está abierta y pública. La diferencia, dice, es que antes existía independencia judicial; hoy, esa frontera se ha borrado.
Para Salvador García Soto, el mensaje del llamado “desafuero fiscal” es contundente: el gobierno utiliza las instituciones como armas políticas y detrás del discurso de legalidad, lo que hay es una presidencia que no tolera la disidencia ni la competencia. Y, como en 2005, podría terminar fortaleciendo a quien busca debilitar.
