Jesús Ramírez Cuevas , exvocero de la Presidencia de la República durante el sexenio de AMLO, se convirtió en una figura central detrás del decreto que otorgó una compensación vitalicia a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), un programa que hoy es señalado por su falta de sustento legal, su alto costo financiero y su uso con fines políticos.

De acuerdo con el libro Ni venganza ni perdón, de Jorge Fernández Menéndez y Julio Scherer Ibarra, Ramírez Cuevas no sólo impulsó el decreto, sino que operó su implementación para construir lealtades políticas.

Decreto para extrabajadores de Luz y Fuerza dejó pasivo de 27 mil mdp, revela libro

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Jesús Ramírez Cuevas y la polémica detrás del decreto para extrabajadores de Luz y Fuerza

El 25 de agosto de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presentado como una medida de reparación laboral para extrabajadores de LyFC .

Sin embargo, la investigación periodística sostiene que la influencia del integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue determinante para que el programa avanzara pese a que la mayoría de los posibles beneficiarios ya había sido liquidada conforme a la ley.

Según los autores, Ramírez Cuevas convenció al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener el esquema, aun cuando existían advertencias técnicas y financieras dentro del propio gobierno.

"Estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón, a los electricistas. Jesús tiene esa encomienda", mencionó en su tiempo el exmandatario.

El decreto fue promovido como un acto de justicia social, pero careció desde su origen de un análisis jurídico y presupuestal sólido.

Operación política e intervención sindical

El papel de Ramírez Cuevas fue más allá de su encargo como vocero presidencial. De acuerdo con el texto, intervino directamente en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), impulsando liderazgos afines y desplazando a sectores críticos.

Esta injerencia profundizó divisiones internas y debilitó la cohesión del sindicato.

La estrategia derivó en la conformación de una base de apoyo político integrada por extrabajadores beneficiados con la compensación vitalicia. Con el tiempo, estos grupos comenzaron a participar activamente en actos públicos y campañas electorales, particularmente en apoyo a Clara Brugada , entonces candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Fe de erratas y ampliación de beneficiarios

Uno de los puntos más polémicos del decreto fue la fe de erratas publicada el 29 de agosto de 2022, apenas cuatro días después de su emisión. Este ajuste amplió el universo de beneficiarios para incluir a personas que ya habían recibido liquidaciones legales, lo que incrementó de forma significativa el costo del programa.

La modificación fue interpretada como una concesión política que generó tensiones dentro del gabinete federal y obligó al Gobierno de México a justificar una medida sin bases legales claras.

Costo financiero y consecuencias a largo plazo

Un estudio actuarial del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) estima que el programa generará un pasivo de casi 27 mil millones de pesos hacia 2086. Al cierre de 2023, el padrón oficial registraba siete mil 133 beneficiarios y un gasto ejercido superior a los tres mil 500 millones de pesos.

Para los autores de Ni venganza ni perdón, el caso refleja un giro ideológico de Jesús Ramírez Cuevas, quien pasó de defender el sindicalismo independiente a operar bajo un esquema corporativista, dejando una carga financiera de largo plazo para el Estado mexicano.

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