La legisladora Lilly Téllez presentó este 25 de marzo de 2026 una iniciativa de reforma constitucional en el Senado de la República que busca cerrar el paso a la infiltración del crimen organizado en la vida política del país.
La propuesta plantea modificar diversos artículos de la Constitución para endurecer sanciones, agilizar investigaciones y establecer medidas preventivas que, en palabras de la legisladora, permitan erradicar la llamada “narcopolítica”.
De acuerdo a lo que explicó la integrante del PAN en su cuenta de X, el proyecto surge en un contexto de creciente preocupación por la violencia electoral y los señalamientos de financiamiento ilícito en campañas.
Presento una Iniciativa para impedir y sancionar la infiltración del crimen organizado en elecciones y partidos políticos.
— Lilly Téllez (@LillyTellez) March 25, 2026
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Reforma electoral contra el crimen organizado: ¿Qué propone Lilly Téllez?
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación del artículo 41 constitucional para establecer la cancelación inmediata del registro de partidos políticos cuando exista una sentencia firme que acredite vínculos de dirigentes o candidatos con la delincuencia organizada.
Además, se plantea una prohibición absoluta de cualquier tipo de financiamiento o subordinación a grupos criminales.
Suspensión de actividades partidistas
La propuesta también contempla la suspensión preventiva de actividades partidistas por parte del Tribunal Electoral cuando existan pruebas suficientes durante un proceso penal. Con ello, se busca evitar que institutos políticos continúen operando mientras se investigan posibles nexos ilícitos.
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Anular elecciones
Otro punto relevante es la nulidad automática de elecciones en las que se compruebe la intervención del crimen organizado, ya sea mediante violencia, amenazas o financiamiento ilegal.
A diferencia del modelo actual, no sería necesario demostrar que estos factores alteraron el resultado final, lo que endurece significativamente el criterio para invalidar comicios.
Sanciones, fiscalización y uso de programas sociales en elecciones
La iniciativa también propone fortalecer las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), obligándolo a denunciar de inmediato ante el Ministerio Público cualquier indicio de recursos ilícitos en campañas.
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En paralelo, se establece un plazo máximo de 60 días naturales para que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales concluya investigaciones relacionadas con posibles vínculos entre candidatos y el crimen organizado. En caso de incumplimiento, los fiscales podrían ser removidos de su cargo.
Otro aspecto clave es la prohibición explícita del uso de programas sociales con fines electorales, una práctica que ha sido denunciada recurrentemente en distintos niveles de gobierno. De comprobarse su utilización indebida, la elección correspondiente podría ser anulada.
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