Finanzas públicas al límite: menos inversión, más gasto y poco margen para 2026

El panorama de las finanzas públicas mexicanas se encuentra en un punto de inflexión. Tras años de consolidación fiscal y un 2024 marcado por un gasto electoral sin precedentes, la economía enfrenta el reto de equilibrar las cuentas en un contexto de menor inversión, deuda creciente y escasa confianza de los mercados. La política fiscal del gobierno federal, que durante los últimos años ha privilegiado el gasto social y los apoyos a empresas paraestatales como Pemex, ha limitado el espacio presupuestal para la inversión pública productiva, afectando directamente la capacidad del Estado para detonar crecimiento sostenido.

La realidad es clara: el déficit público se disparó luego de las elecciones, y las calificadoras financieras ya habían advertido sobre el riesgo de un deterioro en la nota soberana si no se tomaban medidas de contención. El gobierno, consciente de ello, ha tenido que ajustar sus proyecciones y preparar un Paquete Económico 2026 con fuertes restricciones presupuestales. Sin embargo, estas medidas llegan en un momento particularmente delicado: la economía crece a un ritmo débil, la inversión privada sigue frenada por la incertidumbre política y la desconfianza empresarial, y los ingresos tributarios, aunque en ascenso, no alcanzan para cubrir las crecientes obligaciones del gasto corriente.

Los programas sociales, las pensiones universales y los subsidios energéticos absorben una proporción cada vez mayor del presupuesto, dejando poco margen para infraestructura, innovación o proyectos estratégicos. La presión sobre las finanzas públicas se agrava por la dependencia estructural de Pemex, que continúa requiriendo apoyo fiscal a pesar de las promesas de autosuficiencia energética. En este contexto, la inversión pública, motor clave para la generación de empleo y el fortalecimiento de la competitividad, se ha visto reducida a niveles históricamente bajos.

Los analistas coinciden en que 2026 será otro año de contención y prioridades difíciles. Los márgenes para maniobrar son mínimos y el espacio fiscal, prácticamente inexistente. Aunque el gobierno buscará mantener su compromiso con la estabilidad macroeconómica para evitar sanciones de los mercados, las posibilidades de expansión son escasas. La consolidación fiscal necesaria para estabilizar la deuda se enfrentará a la presión política de mantener los programas de apoyo social, en un entorno donde la polarización y las expectativas ciudadanas siguen en aumento.

El dilema, en síntesis, es complejo: frenar el gasto podría implicar una desaceleración económica más profunda, pero mantenerlo a los niveles actuales amenaza la estabilidad financiera del país. En medio de esta tensión, la pregunta clave es si México logrará construir un modelo de crecimiento equilibrado que combine disciplina fiscal, inversión productiva y desarrollo social. De no hacerlo, el costo será alto: menor competitividad, pérdida de confianza y un margen cada vez más estrecho para responder ante futuras crisis económicas o emergencias sociales.