Sin una iniciativa clara y con una comisión dominada por el Ejecutivo, la reforma electoral avanza entre incertidumbre y contradicciones. Se habla de eliminar plurinominales, recortar financiamiento y desaparecer organismos locales, pese a que las reglas actuales permitieron el ascenso del partido en el poder. Más que una necesidad institucional, la reforma aparece como una deuda política del pasado que podría debilitar el Estado de Derecho, la gobernabilidad y enviar señales negativas rumbo a 2027 y a la renegociación del T-MEC.
