Yndira Sandoval, defensora de derechos humanos y feminista, nos habla sobre la situación de violencia contra las mujeres en México tras la movilización del Día Internacional de la Mujer.
Indira Sandoval sostiene que el 8 de marzo no es una celebración, sino una fecha de conmemoración y exigencia frente a una realidad que considera una emergencia nacional, marcada por feminicidios, desapariciones, violencia sexual e impunidad.
Señala como ejemplo reciente el asesinato de estudiantes universitarias y cuestiona que las respuestas institucionales lleguen solo después de los hechos, en lugar de existir políticas preventivas eficaces.
Durante la conversación se subraya que las marchas feministas han crecido porque cada vez más víctimas, sobrevivientes y familias afectadas se suman a ellas, reflejando que la violencia ya alcanza todos los espacios: escuelas, transporte, trabajo, internet, hogares y vida pública.
Sandoval advierte que no existen lugares seguros para las mujeres y que la violencia también se expresa en el ámbito político y económico.
Uno de los puntos centrales es la impunidad, ya que, según expone, la gran mayoría de los delitos cometidos contra mujeres no reciben sentencia. Afirma que esto exige una respuesta coordinada de los tres poderes del Estado: judicial, legislativo y ejecutivo, además de una corresponsabilidad social más amplia.
También reconoce como avance histórico que México tenga por primera vez una presidenta y mayor presencia femenina en cargos públicos, pero aclara que esto solo será un verdadero logro si se traduce en mejores condiciones de vida, seguridad y justicia para todas las mujeres y niñas.
La entrevistada enfatiza que gran parte de la violencia contra las mujeres ocurre dentro del círculo cercano: en el hogar, con personas conocidas o familiares. Explica que esta es una diferencia clave frente a otros delitos violentos y por eso insiste en que la prevención debe comenzar desde el entorno cotidiano.
Sandoval critica que muchas respuestas gubernamentales se queden en la creación de instituciones o nuevas leyes sin asegurar su cumplimiento real.
Señala que México cuenta con marcos jurídicos avanzados, pero el problema sigue siendo la falta de aplicación, presupuesto suficiente, instituciones fortalecidas y acceso real a la justicia.
Finalmente plantea que el país necesita una política nacional integral de seguridad para las mujeres, basada más en prevención, educación, empleo, salud e igualdad de oportunidades que en militarización. Concluye que la violencia contra las mujeres debe tratarse como un asunto permanente de Estado y no solo como tema de fechas conmemorativas.
